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Home > Blogs | 01/26/2014

Fe en la justicia

Por: Benjamín Torres Gotay
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Cuando el miércoles en la noche salían jubilosos y bañados en lágrimas de la sala en que un jurado halló culpable de asesinato a Pablo Casellas, las dos fiscales y el fiscal que tan valerosamente llevaron el caso declararon que esperaban que el veredicto devuelva al país la fe en el sistema de justicia.

No tan rápido, distinguidos. Para que el país vuelva a tener fe en la justicia, hacen falta muchos más ‘Pablos Casellas’, muchos más asesinos, violadores, ladrones, estafadores y narcotraficantes pagando lo correspondiente. En el caso de los asesinatos como el que se le imputó a Pablo Casellas,  hace falta, en pocas palabras, borrar del mapa esta espantosa cifra: solo 3 de cada diez asesinatos se esclarecen en Puerto Rico.

Esto quiere decir que cuando alguien aquí le da con matar a alguien, sabe que las mayores posibilidades son que no sea atrapado. E incluso cuando son atrapados, las investigaciones de la Policía y del Departamento de Justicia suelen ser tan deficientes, que más de un asesino duerme hoy al calor de los suyos, y no de los Ñeta, porque no hubo manera de vincularlo al crimen.

Esto no quiere decir que el caso contra Pablo Casellas no haya sido un enorme triunfo de la institucionalidad. Se trataba de una persona adinerada, con enormes influencias políticas y con cuantiosos recursos para presentar la mejor defensa imaginable y virar al derecho y al revés todos los procesos legales.

Que alguien de ese abolengo haya sido investigado, enjuiciado y hallado culpable es algo cuyo significado ejemplar para la sociedad no es posible subestimar. Casi nunca es posible decir aquí “la justicia es igual para todos”. En el caso de Pablo Casellas sí lo fue.

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de Karla Michelle Negrón, cuyo asesinato por una mal llamada bala perdida en los primeros minutos del 2012 estremeció a todo el país; Lorenis Mejías y sus hijos Néstor y Jeremy, brutalmente apuñalados el 19 de marzo de 2011 en San Juan; los novios María Vázquez y Gerardo Dávila, ejecutados en una avenida en Ponce en enero de 2012; el banquero Joseph Spagnoletti, acribillado al estilo mafia en San Juan en junio de 2011 y tantos y tanto y tantos otros cuya sangre derramada sigue fresca esperando justicia.

Se pueden llenar páginas y páginas de periódicos con los nombres de los muertos cuyas familias aún esperan respuestas. Mas ningún caso ejemplifica tan bien el sentido de impunidad que reina en Puerto Rico como la espantosa muerte que encontró el niño Lorenzo González Cacho en la madrugada del 9 de marzo de 2010 en su propia casa en una urbanización de Dorado.

Las autoridades saben dónde murió Lorenzo; la hora aproximada en que fue atacado; con quién estaba cuando lo mataron a golpes; los nombres y demás señas de esas personas que estaban con él; conocen hasta el más milimétrico detalle la naturaleza de las heridas que le apagaron la vida; hay personas que vieron al niño después de que fuera atacado y antes de morir; por saber, las autoridades saben hasta posibles móviles y hasta de la conspiración para ocultar la verdad mediante un pacto de silencio.

Caso más sencillo, difícil. El caso de Lorenzo, para más, es menos complicado que el de Pablo Casellas, a quien nadie vio matando a Carmen Paredes.

El caso de Lorenzo no se ha resuelto por una simple razón: la incompetencia de la fiscalía y la Policía en las horas inmediatamente posteriores al crimen impidieron que se pudiera recopilar la evidencia suficiente para presentar un caso circunstancial como el que se presentó contra Pablo Casellas. Por eso es que las autoridades han dependido únicamente, hasta ahora sin éxito, de que alguien diga lo que sabe.

El que la inmensa mayoría de los asesinos se salga con la suya es una vergüenza sin nombre para nuestro sistema de justicia. Pocas muertes retratan de manera tan absurdamente clara esa vergüenza como el caso del niño Lorenzo.

Mientras este sea el cuadro, no se nos puede pedir “fe en la justicia”. Además, la justicia no es ninguna fuerza sobrenatural o divina en la que haya que tener fe.  La justicia criminal es un sistema de leyes y ciencias de la investigación que bien usadas sirven para que la sociedad tenga la certeza, no la fe, de que la mayoría de los que la hacen, la van a pagar.

O sea, lo que pedimos no es fe en la justicia. Es certeza.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)


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